Dos días atrás, la cámara de representantes de los Estados Unidos pasó la Ley Bolívar, introducida por los senadores Mike Waltz (futuro asesor de Trump) y Debbie Wasserman Schultz (ref). La ley prohíbe al gobierno estadounidense firmar contratos comerciales con cualquier persona o entidad que tenga operaciones comerciales con Venezuela. Las razones declaradas son que el gobierno de Maduro y sus "políticas marxistas" son antidemocráticos, y no debe apoyarse ni menos "subsidiarse" un régimen antidemocrático. Es cierto que la persecución política, la desaparición forzada y la tortura son una realidad en Venezuela. Es igualmente cierto que tales crímenes nunca han incomodado a los Estados Unidos: a veces los toleran, otras muchas los fomentan activamente. La única conclusión es que las razones reales de la Ley Bolívar son justamente las más obvias: ajustar el nudo que asfixia la economía venezolana para golpear a un gobierno no alineado a los intereses del hegemón. Entre los dos extremos de este tira y afloja, está el pueblo venezolano.