La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un organismo de derechos humanos en Buenos Aires, publicó un reporte anual revisando la represión contra manifestaciones durante el 2024. El análisis se limita a la Provincia de Buenos Aires y es por lo tanto incompleto.

La CPM registró 1216 personas heridas en 60 manifestaciones totales. Entre los heridos se cuentan adultos mayores, defensores de derechos humanos, trabajadores de prensa, y niños. En 42 de las 60 manifestaciones se detectó que las fuerzas de seguridad cargaban armamento letal. En 34 se registró la operación de servicios de inteligencia vestidos de civil. Particularmente preocupante es la detención de 33 personas durante la manifestación en contra de la Ley Bases, el 12 de junio. La mayoría de ellas denunció haber sido torturada y maltratada durante su aprehensión y detención. Cabe recordar que, en dicha ocasión, el gobierno felicitó a las fuerzas de seguridad y acusó de "golpistas" y "terroristas" a los manifestantes.

La represión es sólo una de las facetas del carácter regresivo del gobierno de Milei. En julio, creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), que prácticamente se auto-define como un organismo represor. El artículo 4, inciso $c$, habilita el análisis en tiempo real con reconocimiento facial en la vía pública, aunque esto ya causó estragos en el pasado. El $g$ habilita el patrullaje con drones para "proporcionar vigilancia aérea". El $a$ habla de "patrullar" (sic) las redes sociales y el internet.1

En la reestructuración del sistema de inteligencia, que se hizo por decreto con el DNU 614/2024, se "provee a los servicios" con los "medios técnicos necesarios" para recolectar toda "información relevante para el Sistema de Inteligencia Nacional". La pregunta es qué información se juzgará relevante para la inteligencia nacional. Es obvio que la estipulación dada es lo suficientemente ambigüa como para habilitar cualquier cosa: pinchado de teléfonos, chats, correos electrónicos, etc. El CELS pidió que se declare inconstitucional el DNU por motivos convincentes, insistiendo en la "falta de claridad y precisión y la habilitación para que organismos estatales se inmiscuyan en ámbitos privados sin controles adecuados".

Además de los cambios legislativos, los cambios presupuestarios también son reveladores del carácter siniestro del gobierno de turno. El aumento a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) es totalmente desproporcionado, con un crecimiento del 1167% en términos absolutos del 2024 al 2025. (Para algunas cosas, hay plata.)

A todo esto, añadamos el artículo 6 de la así llamada Ley Antipiquetes:

En la medida de lo posible, deberán ser identificados los autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización con la cual se vinculan, sin perjuicio de proceder a su detención, cuando así corresponda legalmente.

Queda entonces completo el cuadro de un 2024 signado por la represión violenta, la vigilancia y el control. El Estado nacional, lejos de haberse apartado de la actividad diaria de los argentinos, extiende sus tentáculos a la vez que aumenta su opacidad y secretismo. Y el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo es acompañado por su vigilancia constante y su apaleamiento ocasional.

  1. Debe decirse que la UIAAS no es idiosincrática ni adjudicable como algo propio al gobierno de Milei. Como su misma resolución curiosamente reconoce, está en línea con el modus operandi de otros países donde la vigilancia digital es abrumadora: China, Estados Unidos, e Israel, entre otros. ↩