Este artículo es una traducción directa y poco esmerada de este otro.

Hace unos días, Estados Unidos llevó a cabo una rápida operación en Venezuela, cortando la energía eléctrica, bombardeando instalaciones estratégicas y secuestrando a Nicolás Maduro, todo en el transcurso de aproximadamente tres horas. Ya en febrero de 2025, la administración Trump acusó a Maduro de organizar actividades delictivas con la organización Tren de Aragua, una afirmación que contradecía a la inteligencia estadounidense [1]. En marzo, Trump impuso aranceles del 25% a todos los países que importaran crudo o productos derivados del petróleo extraídos, refinados o exportados desde Venezuela [2, 3]. En octubre, Trump autorizó explícitamente a la CIA para llevar a cabo operaciones secretas en Venezuela [4], y al parecer Maduro estuvo bajo vigilancia constante de drones furtivos antes de su secuestro [5]. En noviembre, Estados Unidos anunció la misión «Lanza del Sur» (Southern Spear), con múltiples ataques ilegales a embarcaciones que, según EE. UU. —sin presentar pruebas—, traficaban drogas [6, 7, 8]. Durante el mismo mes, EE. UU. desplegó el mayor portaaviones en el Caribe y cerca de la costa de Venezuela [9] y cerró el espacio aéreo venezolano [10]. Así pues, el secuestro de Maduro no es más que la culminación previsible de eventos relativamente abiertos y transparentes.

Las discusiones sobre estos eventos, en mi opinión, giran demasiado en torno a la figura personal de Maduro. Aunque no extensamente, he escrito sobre las violaciones de los derechos humanos bajo el régimen de Maduro en otros lugares [11] y he seguido la cobertura de Amnistía Internacional sobre la violencia política y la represión en el país. No deseo repetirme ni detenerme en hechos de sobra conocidos, aceptando no solo que el régimen de Maduro era brutal y corrupto, sino también que las elecciones de 2024 fueron probablemente fraudulentas y sostenidas únicamente por una violencia inaceptable y el uso de la fuerza [12].

Sin embargo, la corrupción interna o la violencia gubernamental no justifican la intervención exterior, ni moral ni legalmente. Las acciones de EE. UU. son una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe «la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado» [13]. El acto constituye inequívocamente el Crimen de Agresión tal como se especifica en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional [14] —aunque tanto EE. UU. como Venezuela se retiraron del estatuto [15, 16], obviamente porque ninguno podía pretender seriamente respetar sus cláusulas—.

Si se acepta que la corrupción interna o el autoritarismo justifican el cambio de régimen, la invasión o cualquier otra forma de agresión extranjera, se debe entonces elaborar un argumento imposible que detalle cómo y quién determina qué gobiernos son corruptos o no. Además, se debe aceptar de buena gana y, de hecho, avalar que acciones similares sean tomadas, y de manera inmediata, contra estados igualmente corruptos, como los de Arabia Saudita, Israel o Serbia. De hecho, como debería ser evidente, aceptar este principio conduciría a tal caos generalizado que la civilización humana se convertiría en un proyecto imposible.

Hay, lo concedo, un sentido en el que el propio peso político de Maduro puede ser relevante para comprender los eventos aquí descritos. A saber, que si no hubiera sido un opresor brutal, el costo reputacional de derrocarlo habría sido mayor, quizás lo suficientemente mayor como para desalentar una operación tan directa. Pero esto es especulativo y, en términos generales, se debería examinar el derrocamiento de Maduro independientemente del hecho de que fuera un dictador.

Venezuela, como todo el mundo sabe, es rica en petróleo, y Donald Trump ha declarado que EE. UU. dirigirá el país y aprovechará sus reservas petroleras [17]. De hecho, las acciones de las compañías petroleras estadounidenses ya están al alza [18]. Trump declaró que Venezuela había «robado» petróleo estadounidense a la fuerza. En realidad, el petróleo venezolano fue nacionalizado en 1976 —décadas antes de que Chávez llegara al poder— acordándose mil millones de dólares como compensación para las compañías petroleras [19, 20]. Venezuela también es rica en coltán [21], carbón, oro y gas [22, 23], todos los cuales son recursos importantes.

Venezuela no es solo un interés económico, sino geopolítico. Asegurar el petróleo venezolano significa no solo ingresos para Estados Unidos, sino cortar el acceso de Rusia y China al mismo. Rusia y Venezuela tenían acuerdos petroleros de larga data y multimillonarios [24]. Venezuela es el cuarto mayor receptor de préstamos de China —EE. UU. es el primero— y antes del secuestro de Maduro, la mayor parte del petróleo venezolano se vendía a China y EE. UU. [25]. El gobierno cubano, que todavía tiene una potente carga simbólica asociada, dependía fuertemente del petróleo venezolano [26], y Trump ha declarado que «Cuba está lista para caer» [27].

La transparencia con la que Estados Unidos cometió este ataque ilegal, así como la de sus motivos, no deberían sorprender si se ven como nada más que una continuación de la arraigada Doctrina Monroe. Secuaces y lacayos son recompensados, mientras que cualquiera que se oponga a los intereses de EE. UU. es destruido más o menos brutalmente. Pero por poco sorprendente que sea, el precedente que se está sentando es preocupante. La administración Trump está endureciendo su control sobre el hemisferio occidental, haciendo peligrosas amenazas militares a Colombia [28] y Dinamarca [29].

El restablecimiento de la Doctrina Monroe se declara explícitamente en la última Estrategia de Seguridad Nacional [30], publicada en diciembre de 2025, donde se enmarca la política exterior de los EE. UU. Como es habitual, este documento oficial es franco sobre las ambiciones imperiales de los Estados Unidos. Comienza declarando que «el único propósito» de la política exterior estadounidense es «la protección de sus intereses nacionales». Estos intereses, afirma el documento, han sido abandonados en favor del globalismo y el libre comercio, atando la política estadounidense a un orden internacional que es antiamericano. Un objetivo clave es «mantener el inigualable “soft power” de los Estados Unidos a través del cual ejercemos una influencia positiva en todo el mundo que favorece nuestros intereses», añadiendo acertadamente que este poder blando solo es efectivo si se persuade a la población de la «grandeza y decencia inherentes» de su país. Para este y otros fines, el documento declara que «haremos valer y aplicaremos un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe». Y al declarar la «predisposición al no intervencionismo» como un principio de los asuntos internacionales, el documento añade rápidamente que «para un país cuyos intereses son tan numerosos y diversos como los nuestros, una adhesión rígida al no intervencionismo no es posible». Estos son solo algunos de sus pasajes relevantes para entender la intervención de EE. UU. en Venezuela. Se invita al lector a consultar el texto completo [30].

Cada vez más, Estados Unidos afirma que el derecho internacional carece de sentido. Stephen Miller, jefe de gabinete de Trump, sostiene una visión de los asuntos internacionales donde «might makes right», y ha declarado que EE. UU. utilizará la fuerza militar «unapologetically» [31]. Trump afirmó que «no necesita el derecho internacional» porque su única limitación es «su propia moralidad» [32]. En una reciente entrevista en vivo para Al Jazeera, el estratega republicano Adolfo Franco afirmó que, en la «política real del mundo», el derecho internacional es «en el mejor de los casos, un código de honor» [33], en última instancia carente de sentido debido a su falta de mecanismos de aplicación. No encuentro problema en reconocer que el derecho internacional ha sido violado repetidamente con impunidad por varios actores poderosos —Estados Unidos e Israel por encima de todos—, pero en lugar de considerar esto como una razón para renunciar al derecho internacional como un esfuerzo inútil, debería tomarse como una razón para reafirmar su importancia y desarrollar mejores mecanismos para regular los asuntos internacionales. La alternativa es regresar a un estado premoderno de anarquía, donde los estados poderosos son libres de llevar a cabo sus ambiciones imperiales sin tener en cuenta la soberanía, la autodeterminación o los derechos humanos.

La destitución de Nicolás Maduro, entonces, cae perfectamente dentro de la renovada doctrina de dominio hemisférico de los Estados Unidos. La administración de Trump continuamente actúa subordinando los principios de no intervención y autodeterminación a los intereses estratégicos de los Estados Unidos. No podemos aceptar este resurgimiento de la Doctrina Monroe como un «mal necesario» en el derrocamiento de un dictador, ya que hacerlo consiente implícitamente la erosión de los mismísimos marcos legales diseñados para prevenir conflictos globales. Ahora es moneda corriente afirmar que el derecho internacional carece de sentido, con las potencias hegemónicas actuando a su antojo en ambos hemisferios. Pero debemos insistir en el derecho internacional, aunque solo sea porque es todo lo que tenemos.